La década de 1930 estuvo caracterizada por la sanción de nuevas disposiciones reglamentarias de tono restrictivo. El año 1932, bajo el gobierno de Agustín Pedro Justo, se sancionó un nuevo decreto que tenía el objetivo de frenar el ingreso de inmigrantes. Mediante esta normativa, "se establecía como requisito indispensable que el inmigrante poseyese un contrato o convenio de trabajo". Por entonces se planteaba un nuevo desafío en materia migratoria, referido al tema de los refugiados, particularmente judíos provenientes del centro-oriente de Europa y republicanos españoles. En este periodo se sucedieron dos acontecimientos relevantes que tuvieron un impacto en la materia: el inicio de la Guerra Civil Española, en 1936, y el de la Segunda Guerra Mundial. La Circular Número 11 del año 1938 fue uno de los secretos más celosamente custodiados por el Estado argentino. Firmada por el canciller José María Cantilo el 12 de julio de 1938 y enviada a todas las delegaciones de este país en el mundo, la Circular 11 estaba destinada específicamente a detener la entrada al país de judíos europeos que huían del régimen nazi. La instrucción negaba tácitamente la visa a ciudadanos de origen judío, en tiempos en que la Alemania nazi ponía en marcha el Holocausto, ordenó “a cónsules argentinos en Europa negar visados a ‘indeseables o expulsados’”, lo cual afectó a ciudadanos judíos de ese continente. Entre 1937 y 1942, por lo menos 476 embarcaciones fueron rechazadas en el puerto de Buenos Aires. La excusa era que este no era el destino de los pasajeros, dado que habían hecho escalas en otros puertos como Río de Janeiro y Montevideo donde no habían podido desembarcar. Sin embargo y a pesar de ello, las comunidades judías de la Argentina realizaron su aporte con el fin de salvaguardar vidas. Se calcula que arribaron, entre 1933 y 1945, aproximadamente 45.000 refugiados judíos. La comunidad de Córdoba se vio inmersa en la problemática y participó rescate de las víctimas.